Sin final a la vista
Todavía hay 125 presos políticos en Euskal Herria. Aunque, tras décadas de dispersión por todo el Estado, ahora todos se encuentran en el País Vasco y Nafarroa, Madrid sigue bloqueando su reinserción social. Recordemos que en 2011 ETA anunció un alto el fuego definitivo, en 2016 la organización entregó las armas y en 2018 se disolvió oficialmente. Pero esto no es suficiente para la justicia española y las asociaciones de víctimas, que siguen insistiendo en su justicia vengativa y en un trato excepcional.
Se denomina “niñxs de la mochila” a aquellos niñas / niños que nacieron en prisión, vivieron allí hasta los tres años o pasaron su juventud realizando largos viajes para visitar a sus familias. Siempre con mochilas.
Hace seis años (2019), el Gobierno español transfirió la competencia penitenciaria al Gobierno regional vasco. Dos años después, la justicia española comenzó a devolver a los presos políticos vascos al País Vasco y a Navarra, donde en realidad siempre deberían haber cumplido sus condenas. Muchos dieron por sentado que, a partir de entonces, la política de reinserción social de las autoridades vascas tendría prioridad sobre la justicia represiva española, que hacía todo lo posible por prolongar las penas mediante montajes jurídicos o, al menos, por garantizar que cumplieran sus condenas hasta el último minuto.
Este optimismo era erróneo. La justicia vasca lo intentó, las autoridades vascas intentaron aplicar a los presos las posibilidades legales de reducción de pena o de libertad condicional, normas que se debían aplicar en principio a todos los presos (sociales y políticos). Sin embargo, la justicia española les frenaba constantemente. La Audiencia Nacional, en su calidad de instancia condenatoria, se reservó el derecho de revisar todas las medidas vascas y, en muchos casos, revocarlas.
Se introdujo una absurda norma de arrepentimiento: los presos tenían que explicar por escrito por qué se arrepentían de “sus actos”. El hecho de que muchos de ellos / ellas hubieran sido torturadas no importaba. Estos escritos de arrepentimiento se examinaban en Madrid para comprobar su “veracidad” y se aprobaban o rechazaban por docenas según el principio de Cenicienta. En varias ocasiones se dio la situación de que los presos ya habían sido puestos en libertad y fueron encarcelados de nuevo por orden de la Audiencia. Las “cartas de arrepentimiento” se filtraron a la prensa derechista, que se burló de su redacción y cuestionó su seriedad. Muchos de estos presos ya tenían hijos, llevaban 20 años o más encarcelados y era poco probable que reincidieran. Exigir un “arrepentimiento” definitivo por “actos” cometidos por motivos políticos era, en cualquier caso, problemático. La estrategia madrileña fue calificada, con razón, de chantaje o intento de lavado de cerebro.
A continuación, una entrevista con Gorka García, coordinador de Etxerat, una organización de familiares de presos políticos, y con Olatz Iglesias, cuyos padres están o han estado encarcelados en Francia y España, respectivamente. Olatz Iglesias ya no es una “niña mochilera”, pero sigue teniendo que convivir con la cárcel. Desde hace 30 años, prácticamente toda su vida. Gorka García ilustra con ejemplos cómo afecta el trato especial que reciben los presos vascos, que la justicia española y las asociaciones de víctimas de extrema derecha quieren mantener. Ambos subrayan en la entrevista que esto solo se puede evitar con una movilización como la del próximo sábado (10 de enero de 2026) en Bilbao. Porque desde hace décadas (!), cada segundo sábado de enero se celebra una manifestación nacional por los derechos de los presos políticos, antes también por su repatriación al País Vasco, su liberación o una amnistía. A estas movilizaciones acudían hasta 120.000 personas de todo el País Vasco, el año pasado fueron 60.000.
Olatz Iglesias Mujika ya no es “niña de la mochila” pero sigue abocada a convivir con la prisión, y ya van 30 años, toda su vida. Gorka García destaca con otros ejemplos cómo afecta la excepcionalidad que algunos quieren perpetuar. Ambos subrayan que evitarlo pasa por movilizarse el sábado en Bilbo. (1)
Aquellas comparecencias masivas de familiares primero con Senideak y luego con Etxerat, la angustia semanal de los viajes, los dramas de los accidentes o las muertes en prisión han dado paso a otra situación menos cruda y, en la misma medida, más invisible, más desapercibida. Sin embargo, hay datos que no mienten: este 2026 se cumplen quince años del fin de la acción armada de ETA y sigue habiendo más de 100 personas en prisión por ello, algunas de ellas tienen más de 70 años, un gran porcentaje lleva más de dos décadas entre rejas, y si no hay cambios legales el problema seguirá hasta mitad de siglo. El caso de Olatz Iglesias Mujika resulta más que revelador. El coordinador de Etxerat, Gorka García, ayuda a completar el cuadro de situación. En el pasado junio Olatz Iglesias estuvo en el Parlamento Europeo dando su testimonio como hija de presos vascos.
Gara: Es difícil resumirlo, pero ¿cómo ha marcado su vida la prisión?
Olatz Iglesias: Más que por la prisión, siento que mi vida está marcada por la separación. Nací en México en 1995, tengo ahora 30 años. Cuando tenía nueve meses veníamos desde allí y en París detienen a mi madre, me arrancan materialmente de sus brazos. Lógicamente, no nos habíamos separado hasta aquel día. En aquellos primeros años paso una semana al mes en la cárcel con ella y el resto estoy fuera con mis abuelos. Mi madre valoró que la prisión era un sitio muy hostil para una niña tan pequeña. Cuando tenía cinco años, detienen a mi aita en el Estado francés y a mi ama la extraditan al español.
¿Cómo se las apañaban, en plena dispersión?
Olatz Iglesias: Haciendo miles y miles de kilómetros. Al principio con amama y aitita. Luego ya no pueden desplazarse tanto por cuestiones de edad y voy con mis tíos. Son viajes siempre un poco ‘camuflados’, aparentando que eran minivacaciones para intentar de algún modo quitarle ese peso de encima a una niña: vamos a Disneyland París, a ver la Torre Eiffel, esas cosas... Cuando tengo ya 13 años mi madre sale de prisión, sale con mi hermana de un año, que nace en la cárcel y vive un año allí con ella. A partir de ahí siguen las visitas a mi padre. ¿A qué cárceles? No podría hacer toda la lista, imposible: Fleury, Fresnes, Villena, Picassent, Palencia...
¿Cómo se sobrelleva esto en la infancia y la adolescencia, fases vitales ya complicadas de por sí?
Olatz Iglesias: En los primeros años, está todo muy integrado, demasiado normalizado. Cuando pasas la infancia ya vienen muchos porqués, muchos quién, muchos qué… Te das cuenta de que esto no es normal, que genera mucho sufrimiento, que es inhumano. En la adolescencia aparece el estigma de la prisión, empiezas a hacerte preguntas dicotómicas: bueno-malo, quién tiene el poder y quién no… Tengo un recuerdo muy nítido de entrar a una visita, en la que te cierran por dentro la puerta y tienes un timbre de emergencia, y te preguntas, ‘¿qué lugar es este para estar con mis padres, un lugar del que no puedo salir?’ Las comunicaciones estaban siempre reducidas e intervenidas, ‘¿por qué no tengo derecho a intimidad, a decirles ‘maite zaitut’ sin que escuche otra persona o quede grabado? ¿Por qué se intervienen las palabras de una menor?’ Y otra cosa: la visita no terminaba ahí, sino en la llamada del día siguiente, cuando te telefoneaban para ver si habíamos llegado a casa bien.
Afortunadamente, esa fase ha pasado, pero ¿qué queda, qué huellas deja?
Olatz Iglesias: En mi caso, la certeza de que la separación por la cárcel me ha atravesado la vida desde muy pequeña. Y la convicción de que mientras quede un solo preso con sus respectivas familias y entornos, no podemos dejar de salir a la calle. Hoy día sigue habiendo niños y niñas, sin mochila pero atravesados por la cárcel.
Gorka García: Estamos en un momento en que diferentes generaciones están sufriendo la política penitenciaria, pese a un contexto social y político que ha cambiado radicalmente, y eso ocurre porque hay una excepcionalidad que se mantiene. Incluso en este contexto en que se ha producido la transferencia y están en cárceles vascas, se sigue aplicando una excepcionalidad. La Audiencia Nacional lo mira todo con una lupa.
¿En qué se plasma?
Gorka García: Para empezar hay una persona que lleva 35 años en la cárcel, eso es algo que nunca ha ocurrido en el Estado español [se refiere a Unai Parot, en prisión desde 1990]. Y más allá de ese caso concreto, se retrasa el acceso a los derechos penitenciarios con unas medidas de excepción que, no lo olvidemos, están diseñadas solo para estos presos y presas. Ciertamente, hemos acabado con la dispersión usando como ariete el debate del Colectivo, en un contexto en que ETA ha desaparecido y aquella política ya carecía de cualquier sentido. Las cosas ahora son mucho más llevaderas, pero estamos en 2026 y todavía nos quedan 105 presos y 17 exiliados, con edades avanzadas porque el tiempo pasa. Sin esa excepcionalidad, todos estarían hoy pisando la calle.
Gorka García: Abundando en el tema de la edad, Harrera está haciendo un trabajo muy importante, pero es una labor complicada, porque a las dificultades que tiene la adaptación al salir de prisión hay que sumarle que no es lo mismo hacerlo con 47 años que con 70, cuando estás casi al final del ciclo de una vida. Y respecto al exilio, las consecuencias las hemos visto este mismo año con el fallecimiento de Martin San Sebastian, todavía en Venezuela tras 46 años. Me llama la atención a menudo ver el tratamiento que dan algunos medios a estas personas, como si fueran las mismas de hace 20-25-30 años, usando las fotos policiales de entonces... Pues no, son personas que hoy tienen 60 ó 70 años y sobre todo que ya han cumplido y deberían estar en la calle.
Si la ley 7/2003 o las decisiones posteriores que elevaron el cumplimiento efectivo a 40 años no se corrigen, podría haber presos todavía allá por 2048, o incluso más si hay nuevas condenas...
Olatz Iglesias: Como menciona Gorka, estamos en un escenario sociopolítico totalmente diferente, y ahí yo me pregunto: ¿Esta política es proporcional? ¿Encaja en este escenario? ¿Les sirve para algo? Y no; no es proporcional, no se corresponde al escenario que vivimos en Euskal Herria, tampoco es algo humano... Y además de todo eso, es que no es útil, no tiene un objetivo concreto.
Gorka García: Hay que ponerle final ya, entre otras cosas, para que no afecte a nuevas generaciones. Ya no solo son hijos e hijas de presos, ¡es que hoy día están naciendo niños cuyo abuelo sigue en la cárcel! Creo que cualquiera entiende que eso no normal. El fondo de la cuestión es que hay sectores políticos y mediáticos que quieren seguir perpetuando esto por sed de venganza, y frente a ello no queda otra que mantener la tensión y seguir movilizándonos.
¿El fin del alejamiento y los avances por la vía legal no han difuminado la situación? Habrá muchos que piensen que las soluciones ya están encarriladas...
Olatz Iglesias: Veo un malentendido general en quienes piensan que no hay obstáculo a las progresiones de grado. Nada más lejos de la realidad. Hay mucha frustración en cada permiso que se deniega o en cada progresión de grado que se recurre, y no digamos ya cuando alguien sale a la calle y luego es devuelto a la cárcel. La realidad no se ajusta a la imagen que se quiere vender.
Cuando habla con personas de su generación, ¿entienden este problema y lo sienten como algo propio o les queda muy lejos?
Olatz Iglesias: Las de mi generación sí se sorprenden cuando les das detalles, porque creo que perciben esa realidad distorsionada, piensan que esto está avanzando de manera totalmente diferente a como es en realidad. La mayoría de los medios no está haciendo su labor de informar de la realidad. En edades más jóvenes no se oye hablar...
Gorka García: Y tiene su lógica seguramente. Yo creo que les parece algo propio de Marte que haya personas presas por delitos de tiempos en los que no habían nacido. No tienen la vivencia directa que hemos tenido nosotros.
Entonces, ¿hay un riesgo de que esta cuestión se vaya diluyendo e incluso invisibilizando? Pongamos que pasan cinco años y sigue habiendo 40-50 personas en prisión...
Gorka García: Es que en cinco años no debería haber presos; ese es el reto. En cualquier caso, yo no creo que ocurriría eso porque Euskal Herria siempre ha tenido connotaciones propias, hay un tejido especial, lo hemos visto con Palestina. Recuerdo especialmente a gente que siempre ha estado ahí en la brecha, como Gloria Rekarte, fallecida este año. Pero es cierto que es más difícil mantener la tensión cuando estás en la última txanpa.
Olatz Iglesias: La sociedad vasca va siempre por delante de las instituciones, eso está claro. Creo que la clave para mantener la tensión es entender que esto no se puede estirar más, que ya ha sido demasiado. Estamos hablando de vidas y la vida no espera. Alargar indebidamente un día de cárcel ya es grave.
Más allá de la manifestación del día 10, ¿miran con el rabillo del ojo a un posible, o probable, cambio de gobierno en Madrid? ¿Hay peligro de regresión o los avances que se han logrado están blindados de algún modo?
Olatz Iglesias: Yo diría que hay riesgo de regresión general, en todo lo que afecta a derechos. Hay miradas que generan al mundo más sufrimiento y otras que no. Y recordaría que hay consecuencias de la política penitenciaria que son irreversibles, vidas que no van a volver; a Peru del Hoyo nadie le va a devolver a su aita.
Gorka García: Hay una preocupación al respecto, evidentemente. No es solo nuestra, sino compartida con otros muchos agentes. Pero pase lo que pase Euskal Herria siempre ha mostrado voluntad de luchar por los derechos de los presos y Etxerat seguirá trabajando hasta que no quede uno solo. (1)
”ESTOS PRESOS Y PRESAS TIENEN DERECHO A UNA APLICACIÓN DE LA LEY SIN EXCEPCIONES”
ENTREVISTA CON JOSEBA AZKARRAGA, CO-PORTAVOZ DE SARE
La "luz al final del túnel" asoma aún lejos en la mirada de largo alcance de Azkarraga, implicado a tope en Sare desde su inicio tras muchos años de responsabilidades políticas e institucionales. Sigue siendo un túnel, apuntalado con trabas de Madrid y recorrido por Lakua con el freno echado.
Gara: Este 2025 no ha habido mucha información sobre el desarrollo de la vía legal. ¿En qué punto estamos?
Joseba Azkarraga: Desde Sare nos gustaría poder decir que estamos en la recta final y que se ve la luz al final del túnel. Pero es aún una recta muy larga, donde encontraremos muchos obstaculos y que deberemos ir salvando con el apoyo de una parte importante de la sociedad vasca. Venimos de una situación muy dificil y vulneradora de muchos de los derechos que deberían asistir a los presos y presas vascos. Desde 2017 se ha trabajado desde el consenso de la mayoría política y sindical vasca y a ello se unió el cambio político en el Estado, con la llegada del PSOE al Gobierno, posibilitando avances. Hay que tener claro, eso sí, que con carácter general los gobiernos no se mueven; hay que moverlos. En Euskal Herria la movilización social ha sido clave para transmitir que no estamos ante una reivindicación partidista, sino que es la reivindicación democrática de una gran parte de la sociedad vasca. Hablamos de derechos humanos y de su vulneración.
¿Se perciben esos avances en la calle o hay un punto de desconocimiento?
Joseba Azkarraga: Es cierto que parece que fue hace años cuando se puso fin al alejamiento, a las celdas de castigo o a los cumplimientos de la totalidad de la condena en primer grado penitenciario. Y no, no hace mucho: 2022-2023 fueron los años más importantes para romper el nudo que nos ataba al inmovilismo. Se puso fin a la política de alejamiento tras más de 34 años de sufrimiento, se puso fin a un intento de los diferentes gobiernos de doblegar las voluntades no solo de los presos y presas, sino también de sus familiares. No lo consiguieron, aunque si de lo que se trataba era de causar dolor, lo consiguieron. Nunca hay que olvidar que en los accidentes de tráfico en el tránsito de los familiares a las cárceles hubo 16 personas muertas o que más de 30 presos han dejado su vida en cárceles alejadas de sus casas.
¿Qué importancia tuvo la transferencia penitenciaria y cómo se está materializando? ¿Lo ve adecuado Sare?
Joseba Azkarraga: Con la transferencia de la gestión penitenciaria a la CAV, desde 2021 se va poniendo fin a los cumplimientos de penas en primer grado penitenciario hasta el último día de la condena y se comienza a ir aplicando la legislación penitenciaria, aunque no sin muchas trabas, parones, cálculos electorales sobre si la aplicación de la legislación penitenciaria podría suponer una merma de votos al partido o partidos que gestionaban la política penitenciaria. Creo que se ha mirado mucho el que dirán la derecha y sus medios de comunicación afines y se ha tenido miedo a ser audaces en la gestión penitenciaria.
Algunos ejemplos de lo que digo. En el ámbito político a nivel del Estado no se han derogado las leyes de excepción, absolutamente obsoletas. Y en el caso de la CAV, las autoridades penitenciarias, en las oportunidades que han tenido para reinterpretar estas legislaciones de excepción, no siempre han elegido la opción que, siendo perfectamente legal, era la más adecuada y justa para los presos. Se han quedado con la interpretación más restrictiva. Y otra cosa: la construcción de las rutas de vuelta a casa de las presas y presos vascos no se está haciendo con la filosofía que el Modelo Penitenciario Vasco implica.
La juez Inés Soria, que pilota este modelo desde Lakua, alegaba en estas páginas que se trata de delitos específicos y no veía que las condiciones especiales de progresión que se ponen a estos presos perjudique el objetivo de reinserción...
Joseba Azkarraga: El problema está en lo que he apuntado: hay leyes de excepción que, aunque no sean derogadas, permiten una interpretación más flexible, acorde al Modelo Penitenciario Vasco que apuesta por el régimen abierto. Si cree que esas leyes pueden ser compatibles con el modelo, pues eso es lo que pedimos, que se hagan compatibles. Porque no ocurre en todos los casos...
Concretando, ¿todos estos presos deberían estar pisando la calle de uno y otro modo, con la ley en la mano?
Joseba Azkarraga: Hoy deberíamos haber podido cerrar esta situación, porque la inmensa mayoría de los presos y presas de motivación política, por el tiempo de cumplimiento efectivo de sus penas, deberían estar en régimen abierto y en tercer grado penitenciario. Y no lo están porque se les continúa aplicando una política penitenciaria de carácter excepcional. En el ámbito legislativo, con la ley 7/2003 y el cumplimiento efectivo de las penas de hasta 40 años. En el ámbito judicial, con recursos de Fiscalía que, en menor medida que hace unos meses, aún siguen contra las decisiones de los profesionales de los centros penitenciarios cuando proponen la progresión a tercer grado. Y junto todo a ello, el mantenimiento de un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que depende de un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional.
Algunos colectivos insisten en presentar todo esto como «beneficios» o trato de favor...
Joseba Azkarraga: A los presos y presas vascos, cuando se les progresa de grado o alcanzan la libertad condicional o la aplicación del art. 100 –que les permite salir durante el día a trabajar–, no se les está regalando nada, ni se está incumpliendo ninguna ley. No. Se les está aplicando una ley que fue aprobada en las Cortes Generales, como es la LOGP. Hay que decir aquí algo muy importante. Estos presos y presas en libertad no suponen ningún peligro para la sociedad. No hay ni un caso de reincidencia. Debería ser un argumento importante para que esos miedos inventados dieran paso a una gestión más ágil de una política penitenciaria humanista. A partir de ahí, no se les puede exigir a estos presos algo que no esté recogido en la legislación.
Hay otro elemento que nos parece necesario trasladar. La Administración Penitenciaria vasca debe homogeneizar el tratamiento que sus Juntas aplican a estos presos y presas. No es de recibo que haya alguna cárcel que, incumpliendo la normativa penitenciaria, no aplique salidas programadas o permisos penitenciarios hasta muy avanzado el cumplimiento de la condena. Otras sí lo hacen, como corresponde, desde el cumplimiento de la cuarta parte de la condena.
¿Cómo cree que se posiciona la sociedad en general ante todo esto? ¿Percibe el problema?
Joseba Azkarraga: Una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática y madura no puede dar la espalda a los derechos de aquellas personas que buscan rehacer sus vidas y hoy o están en la cárcel, en el exilio o deportadas. Tienen derecho a volver a sus casas. Tienen derecho a normalizar sus vidas y tienen derecho a una aplicación de la ley sin excepciones. Son aún 22 los presos y presas, que con más de 25 años de cumplimiento de las penas, no se les han aplicado todavía ni permisos penitenciarios, ni salidas programadas, y mucho menos progresiones de grado. Y de los 44 presos que hoy están en segundo grado, el 50%, por el tiempo cumplido, deberían estar en tercer grado y régimen abierto.
¿La posición de ciertos grupos de víctimas de ETA es el mayor obstáculo de fondo para una solución definitiva?
Joseba Azkarraga: Desde Sare nunca entraremos en debate y confrontación con las víctimas de la violencia. Tampoco con algunas asociaciones a las que se podría responder ante el cúmulo de falsedades que trasladan. No lo haremos, porque nos merecen todas ellas un respeto. Son muchos años de una convivencia quebrada y es hora de poder construir una convivencia normalizada, basada en el respeto a los derechos humanos. Debemos ser capaces de poder construir el futuro juntos, respetando al otro y sin obligar a nadie a olvidar lo que ha vivido. El dolor de las víctimas merece nuestro respeto. Y si en algún momento han podido sentir falta de sensibilidad hacia su dolor, por nuestra parte, lo sentimos, porque nunca ha sido esa nuestra intención.
Por ello, lo que sí hemos hecho siempre en Sare es denunciar la instrumentalización política que desde algunos ámbitos se hace de su dolor. Y citar a las víctimas olvidadas injustamente, porque el reconocimiento del dolor debe abarcar a todas, no pueden quedar fuera las que sufrieron torturas, persecuciones injustas, terrorismo de Estado... No podemos permanecer impasibles ante quienes defienden diferentes categorías de víctimas, de primera o de segunda depende de quién haya sido el causante de ese sufrimiento. ¿Quién es capaz de marcar diferencias entre el dolor de una madre de una víctima de ETA o el dolor de otra madre cuyo hijo o hija ha sido víctima del GAL, de la tortura o de la dispersión?
Siguen marcándose ‘suelos éticos’ diferentes...
Joseba Azkarraga: El ‘suelo ético’ o es una exigencia que se realiza al conjunto de las fuerzas políticas o es un brindis al tendido. Esta exigencia debe ser también para quienes desde el ámbito político permitieron la tortura o el terrorismo de Estado y para quienes desde el ámbito judicial lo ampararon. De lo contrario, no servirá de nada, más que lavarse las manos de sus propias responsabilidades. Resulta un sarcasmo, por ejemplo, cómo desde algunas instituciones se montan festejos de exaltación de la Guardia Civil, intentando ocultar que es un cuerpo represivo que torturó sistemáticamente, incluso hasta la muerte.
Convivencia es un concepto que Sare remarca mucho, también lo hicieron en las jornadas de octubre en el Euskalduna...
Joseba Azkarraga: La convivencia en Euskal Herria no será fruto del olvido, sino de la voluntad compartida que tengamos de avanzar, porque convivir es aprender a mirarnos sin resentimientos ni ánimo de venganza. Desde Sare defendemos una sociedad donde las presas y presos de motivación política alcancen la libertad, vuelvan a sus casas, y en paralelo una sociedad donde el respeto, ayuda y reconocimiento se transmita a las víctimas de las diferentes violencias. Sin estas dos premisas, será muy difícil que cerremos tantas décadas de confrontación y sufrimiento.
Los vientos soplan en sentido contrario. ¿Hay un riesgo de retroceso en todos los avances que ha citado si PP y Vox toman el Gobierno español?
Joseba Azkarraga: Sinceramente creo que no. Hay un riesgo en el ámbito global de libertades y avances sociales de estos años, pero en este ámbito no. Primero, porque la competencia la tiene la Administración penitenciaria vasca. Segundo, porque los jueces y fiscales que hay en la Audiencia Nacional serán los mismos, con o sin cambio de Gobierno. Podría influir en una tercera cosa, más a futuro; dificultar más las demandas recurrentes para que estos casos pasen a los juzgados naturales vascos y dejen de estar centralizados en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.
Llega la manifestación anual. ¿Qué le diría a quien piense que las cosas ya van rodando y no vea imprescindible movilizarse en Bilbo?
Joseba Azkarraga: Es posible que así ocurra, que existan esas impresiones porque ven a personas presas que están saliendo con permisos, o durante el día con el 100.2... Por eso lo que intentamos hacer ver desde Sare o desde Etxerat es que queda todavía un camino por recorrer; que el marco final tiene que ser que no haya un preso o presa de motivación política en las cárceles; y que ese marco quedará inconcluso si no logramos un tratamiento de respeto y reconocimiento al dolor de todas las víctimas, incluidas las ‘desaparecidas’.
NOTAS:
(1) “Están naciendo niños cuyo abuelo sigue todavía en la cárcel, esto no es normal”, diario Gara, 2026-01-07 (LINK)
(2) “Estos presos y presas tienen derecho a una aplicación de la ley sin excepciones”, diario Gara, 2026-01-08 (LINK)
IMAGENES:
(*) Presos Políticos Vascos (elmundo)
(PUBLICACIÓN BASKULTUR.INFO 2026-01-10)
